Los ciberdelitos más denunciados en el país

  • El hurto por medios informáticos con un total de 31.058 casos al 31 de diciembre del 2019.
  • La violación de datos personales con 8.037 casos.
  • El acceso abusivo a sistemas de información con 7.994 casos.
A pesar de estas cifras alarmantes, más del 50% de estos delitos no llegan a la Fiscalía General de la Nación. Es decir, no son judicializados, lo cual representa un grave problema para hacer frente a estos delitos.

Colombia ha tenido avances importantes en el marco internacional de la lucha contra este flagelo. Además de pertenecer a la Europol e Interpol, en 2015 el país suscribió el convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia.

Recientemente, nuestro país adoptó una estrategia nacional sobre ciberseguridad que se ve reflejado en el nuevo Conpes de Seguridad digital. En la región no son pocos los países que ya cuentan con una estrategia en este sentido, ya que es una de las recomendaciones de la OEA.

 

¿Cuáles son las dificultades para judicializar la ciberdelincuencia?

  1. Capacidad de anonimato del sujeto activo de la conducta punible. Los delincuentes proceden de manera sigilosa, poseen una alta capacidad tecnológica y borran toda huella digital que los vincule con el delito.

  2. Capacidad de acción y reacción. No contamos con un cuerpo especializado que nos permita actuar de manera rápida y directa para evitar estos delitos.

  3. No existe una entidad especializada ni un área dentro de la Procuraduría General. No hay quien de las directrices a las entidades del Estado para que haya una correcta indagación y aplicación de las sanciones.

  4. Tenemos la concepción tradicional de tiempo y espacio. Los delitos informáticos se consuman en su mayoría en el ciberespacio, es decir, en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, existe el principio de la territorialidad de la ley penal: se puede juzgar un delito siempre y cuando se haya cometido en el territorio. Esto debe reevaluarse para poder perseguir a estos ciberdelincuentes en cualquier lugar.

  5. Existe una escasez de una fuerza laboral calificada. No hay suficientes profesionales expertos en ciberseguridad que entiendan y reaccionen de manera rápida. Esto hace que, desde los prestadores de servicios públicos, empresas y actores involucrados en un proceso judicial, no entiendan este tipo de delitos para aplicar eficientemente las sanciones que correspondan.