Suplantación de identidad
A comienzos de este año, Laura, una bogotana de 30 años, tenía todo arreglado para viajar a Canadá a buscar un mejor futuro. Sin embargo, antes de dejar Colombia, su vida cambió. Fue notificada por la Fiscalía General de la Nación de una denuncia penal en su contra por estafa y otros delitos.
Todo se originó por una cuenta bancaria que abrió un delincuente, suplantando la identidad de Laura. La joven pudo viajar a Canadá, pero quedó vinculada a la investigación y tuvo que contratar un abogado experto en derecho y tecnologías de la información y las comunicaciones para que la defendiera e impidiera que fuera a la cárcel.
De acuerdo con el estudio de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) sobre las tendencias de cibercrimen 2019-2020, el delito informático más denunciado es el hurto por medios informáticos, seguido de la violación de datos personales. Bogotá, Cali y Medellín son las ciudades con mayores casos.
El fraude de suplantación de identidad crece de manera exponencial y el Covid- 19 ha acentuado dicha circunstancia por el auge de los medios digitales.
Laura perdió su cédula de ciudadanía hace dos años y este año, comenzando la pandemia, un delincuente que había accedido a su cédula extraviada abrió, en una entidad bancaria, una cuenta de ahorros por Internet a nombre de Laura. A su vez, el delincuente abrió, con la misma cédula y con la cuenta bancaria, una cuenta en un comercio electrónico reconocido donde publicó para la venta una bicicleta de dos millones de pesos, cuyo valor real en el mercado es de cuatro millones de pesos.
Uno de los usuarios, emocionado por la ganga, depositó el dinero en la cuenta de la supuesta Laura y, por supuesto, nunca se hizo entrega de la bicicleta. Quien quedó como la estafadora fue Laura y el verdadero delincuente cometió su fechoría sin dejar rastro por la debilidad del proceso de validación de identidad que realizó el banco por Internet.
El modelo de autenticación digital para realizar trámites con el Estado
El Gobierno Nacional viene trabajando para combatir el difícil flagelo de los fraudes de suplantación de identidad y, dicho modelo, se convertirá en la ruta a seguir por parte de todos los sectores (financiero, seguros, transporte, telecomunicaciones, salud, etc.), donde se realicen procesos de validación de identidad para llevar a cabo trámites remotos.
La Ley 1753 de 2015 abrió las puertas al modelo de servicios ciudadanos digitales que ha sido regulado por el Decreto 620 de 2020. Este modelo permitirá que los ciudadanos y empresarios puedan realizar trámites con las entidades del Estado mediante el servicio de autenticación digital. Para ello, se establecen cuatro niveles de seguridad:
- Nivel bajo: Firma electrónica simple (clave y contraseña)
- Nivel medio: Firma electrónica más segundo factor (preguntas y respuestas con consulta de bases de datos Archivo Nacional de Identificación -ANI-)
- Nivel alto: Certificados de firma Digital, a través de Entidades de Certificación Digital acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC)
- Nivel muy alto: Cédula de ciudadanía digital más segundo factor, Automated Biometric Identification System (ABIS).
Cada entidad debe determinar el nivel de garantía y, en consecuencia, aplicar los mecanismos de autenticación que correspondan.
Cuando el nivel de garantía deba ser alto, como sucederá en la mayoría de los trámites del Estado, deberá realizarse la plena identificación de la persona. Por lo tanto, ésta tendrá que validar su identidad a través de su dispositivo (computador, tableta, celular), presentar documento de identidad y hacer una prueba de vida con biometría facial. La firma de documentos se hará de preferencia con firma digital para garantizar la autenticidad e integridad del documento.
No debemos desconocer el problema de la brecha digital, por lo que el servicio de autenticación digital, para trámites remotos y digitales con entidades del estado, solo aplicará, en principio, para quienes tengan conectividad.
La cédula digital
Uno de los focos en el fraude de suplantación de identidad se encuentra en la cédula de ciudadanía actual que cumple 20 años de haber sido expedida y es objeto de permanentes alteraciones y adulteraciones. Incluso, hoy en día, ya no es necesario alterar el documento de identidad, pues a los delincuentes solo les basta tener copia del documento de la persona.
Ahora es posible acceder de forma digital a préstamos, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, compra de celulares, firma de pagarés, firma de contratos y todo tipo de documentos con mecanismos de baja o mediana seguridad como las firmas electrónicas simples. Este es uno de los muchos problemas en los procesos de validación de identidad que realizan las entidades.
Recientemente, se emitió la cédula digital, cuyos avances se encuentran en el material que ahora es el policarbonato, mucho más seguro y con la posibilidad de que, a través de la biometría facial, se logren procesos de On Boarding Digital consultando las bases de datos de la Registraduría y cotejando la información del documento de identidad. Además, el código QR, si bien es considerado como una tecnología de seguridad intermedia, puede ser el vehículo para acceder a seguridad robusta como el sistema de clave pública (Public Key Infraestructure – PKI) a través de certificados de firma digital.
Para llegar al nivel de garantía “muy alto” en el servicio de autenticación digital se debe hacer uso de esta tecnología avanzada que consiste en procesos de detección automatizada de la persona (personal automated detection – PAD), que incorpora procesos de prueba de vida y cotejo de la información de la cédula de ciudadanía digital con el Archivo Nacional de Identificación (ANI). Con el tiempo, se incorporará el acceso a certificados de firma digital y otra información del ciudadano como su libreta militar y otros documentos.
Para minimizar el impacto de la brecha digital, la cédula de ciudadanía digital se encuentra en dos formatos, el físico en policarbonato y el digital que se almacenará en nuestros dispositivos móviles.
Por: Héctor José García. Director Observatorio Gobierno y TIC Universidad Javeriana. Presidente Camerfirma Colombia
