Por: Héctor García. Director Académico Observatorio Gobierno y TIC. Universidad Javeriana. Presidente Ejecutivo Camerfirma Colombia.

Con la llegada del nuevo Gabinete del Presidente Petro, se hace necesario por parte de la ministra TIC, Sandra Milena Urrutia, revisar la Política de Gobierno Digital del país. El 16 de mayo de 2022 el Gobierno saliente expidió el Decreto No. 767, con el cual se reformó la Política de Gobierno Digital del Gobierno Santos, marcando lineamientos para la ejecución de estrategias de modernización que buscan tener un Estado más eficiente y conectado con los ciudadanos. Sin embargo, este decreto es la continuidad de la estrategia de gobierno digital que ha venido madurado en el país por más de dos decadas, con resultados todavía precarios.

¿Por qué es importante la Política de Gobierno Digital?

Esta Política es importante porque a partir de la misma se generan las directrices para la modernización del Estado colombiano y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los distintos trámites que realizan las entidades públicas, es decir, son los directrices del Gobierno, para que las entidades del estado, en general, desarrollen sus actividades de manera ágil y eficiente con apoyo en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Por ello, es útil que tanto funcionarios, ciudadanos y colombianos en general, conozcan esta política, dado que con base en ella se generarán cambios sustanciales en la forma en la que los ciudadanos se relacionan con el Estado, posibilitando que las personas puedan acceder a servicios estatales, y servicios prestados por privados que cumplan funciones públicas, como las Cámaras de Comercio y las Notarías, de forma 100% digital, siendo viable realizar trámites y consumir servicios de manera on line, habilitándose la posibilidad de pedir permisos, certificaciones, tramitar documentos como por ejemplo la cédula de ciudadanía, la libreta militar, los diplomas de entidades educativas, contratos, poderes, escrituras públicas, entre muchos otros, que se prestarán en formato digital y totalmente remoto -on line-.

¿Por qué se hace necesario modificar o actualizar la Política de Gobierno Digital?

La actual Política, D. 767/22, remplazó el Decreto 1008 de 2018 (Gobierno Santos), que estableció los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital, la cual, a su vez, remplazó la estrategia de Gobierno en Línea (Gobierno Uribe. D.1151 de 2008). Uno de los motivos de esta actualización es que desde el 2008 hasta la fecha se han emitido nuevas normas que impactan esta Política de Gobierno Digital, de tal forma que se deben realizar modificaciones para armonizar este conjunto de disposiciones normativas.

Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno anterior creaba como obligación para las entidades públicas la incorporación del componente de transformación digital, con la finalidad de que estas entidades, al realizar sus actividades, tuvieran en cuenta las tecnologías emergentes y se modernizaran a partir de tecnologías basadas en software libre o de código abierto; así mismo se promovieron iniciativas para la construcción de ciudades y territorios inteligentes.

Aunado a ello, hubo otras normas relevantes como el Decreto Ley 2106 de 2019, que consagró disposiciones sobre la utilización de las TIC en entidades del estado, sin perjuicio del revés que tuvo en la Corte Constitucional, donde se declaró la inexequibilidad de los artículos 59, 60, 61, 62 y 63 del Decreto y que estaban relacionados con la notaría digital. El documento CONPES 3975 de 2019, que establece la política nacional para la transformación digital y la inteligencia artificial; la Ley 2052 de 2020 sobre digitalización y automatización de trámites y su norma reglamentaria, el Decreto 088 de 2022; el Decreto 620 de 2020 que actualiza el “Habilitador” Servicios Ciudadanos Digitales de la Política de Gobierno Digital, y diversas resoluciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre publicidad de la información en entornos electrónicos, Sede electrónica y el Plan Nacional de Infraestructura de Datos.

A pesar de este cumulo de normas, se hace necesario una actualización normativa y conceptual de varios aspectos de la Política de Gobierno Digital, siendo necesario preservar aspectos relevantes como la importancia de la innovación pública digital, la concepción de los datos como un activo estratégico y el Gobierno Digital concebido como una verdadera política pública impulsada y centrada en el ciudadano.

En otras palabras, la actualización de la Política de Gobierno Digital debe buscar darle aún más relevancia al rol del ciudadano, la academia y al sector privado, para que estos actores, en conjunto con el Estado, colaboren proactivamente en la construcción e implementación de verdaderas estrategias de transformación digital.

No obstante lo anterior, la realidad es que tenemos más normas que resultados palmables y visibles. Por esta razón la Politica de Gobierno Digital y el proceso de transformación digital del país en el Gobierno Petro debe ser revolucionaria y pasar de las normas y las politicas, a los hechos y las realidades, como también lo precisó el Estudio de datos y hechos sobre la Transformación Digital de la Comisión Económica para América y el Caribe – CEPAL-, donde se indica que si se compara el valor del índece de desarrollo del gobierno digital de Naciones Unidas (EGDI) por región geográfica, se observa que el valor promedio de Latinoamérica y el Caribe se encuentra por encima de regiones como Oceanía y África y por debajo de Europa y muy cerca de Asia. No obstante, el Índice de Gobierno Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE- 2019, ubicó a Colombia en el tercer lugar, después de Corea y Reino Unido y por encima de potencias tecnológicas como Italia, España, Israel, Estonia, Alemania y Belgica, entre otros. Este logro se obtuvo gracias al proyecto de la cédula digital en Colombia, que si bien es un avance muy significativo, aún le queda un largo camino por recorrer en busca de la masificación y potenciar sus usos digitales.

Para ello es importante que la Agencia Nacional Digital (AND), sea un verdadero “articulador” y que los servicios ciudadanos sean soportados por privados expertos en el mercado bajo un esquema de sana competencia como se planteó inicialmente en el Decreto 1413 de 2017 que creó la AND y la concibió como un articulador y no como un prestador de servicios, concepción que se aterrizó en la era del Alcalde Daniel Quintero cuando fungía como Viceministro de Economía Digital del MinTic.

Las agencias nacionales digitales, se crearon en la región como una recomendación de la -OCDE-, para que éstas fungieran como un “articulador” que liderara los procesos de masificación de las politicas de transformación digital en los países, sin embargo nuestra AND se convirtió en un prestador de servicios desdibujando su función como articulador. Una entidad concebida para no tener más de 50 empleados, en el Gobierno Duque llegó a más de 400.

¿Cuáles son los cambios que requiere la Política de Gobierno Digital?

En primer lugar, se sugiere actualizar el objeto de la política de Gobierno Digital, dado que la misma se enfoca en dos objetivos muy relevantes estos son, impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos y permitir el ejercicio de los derechos de los usuarios del ciberespacio, pero que dejan un grupo poblacional por fuera del alcance de la política sin resaltar la importancia del principio de masificación de la política de gobierno digital, una politica para todos que cobije especialmente a los analfabetas digitales. Ese sería el norte que debería tener la Politica de Gobierno Digital del Presidente Petro. Este cambio en el objeto explica porque se crearon otros principios de la Política, como la armonización o la confianza, el respeto de los Derechos Humanos, la proactividad o la legalidad tecnológica, todos, objetivos loables y que se correponden con los objetivos del actual gobierno y que corresponde a una política dinámica que se ajusta a los cambios tecnológicos y sociales.

El Modelo de Gobernanza es otro de los aspectos fundamentales a restructurar, a fin de que la política se contruya, con la participación activa  y de manera colaborativa, oyendo e incluyendo a todos los grupos de interés, sin discrimniaciones ni dilaciones, de ningún tipo, una politica digital construída entre todos y para todos.

Como se observa, la Política de Gobierno Digital necesita un cambio importante para lograr aterrizar sus  elementos cardinales: a) Propender por entidades más activas y creativas en la confección de estrategias de innovación; b) Sector público impulsado por datos, tanto en el funcionamiento de las entidades como en la implementación de estrategias de modernización y c) El papel activo de los ciudadanos para la correcta implementación de la Política de Gobierno Digital; el Gobierno dirigido por los usuarios, d) Digital por diseño, cuando se incorporan las tecnologías digitales para permitir que el sector público opere de forma integrada y entregue servicios públicos a través de múltiples canales, d) La masificación de la politica, esto es, los servicios del estado al alcance de toda la ciudadanía.

Las modificaciones a la Política de Gobierno Digital (D.767 de 2022), deben apuntar a materializar la politica y sus objetivos, a través de la implementación de sus componentes, habilitadores y líneas de acción, y enfocarse en la masificación de la política y mejorar la calidad de vida de las personas, de todas las personas del territorio, tal y como lo señala la -OCDE- en su reciente análisis sobre los gobiernos digitales en américa latina.

Los necesarios ajustes a la Política, como lo es el rol del “articulador” de la Agencia Nacional Digital (AND), deben propender por no crear más barreras, obstáculos o costos para que los ciudadanos realicen sus trámites; así mismo, dichas estrategias no pueden ir en contravía de los derechos de los ciudadanos, como por ejemplo, en la vulneración de su privacidad o sus datos personales.

¿Qué impacto tienen estas modificaciones normativas en los ciudadanos y las empresas?

Frente a la transformación digital se invita a los ciudadanos y empresas del sector privado a asumir un doble rol: de un lado, el rol de usuario activo de las estrategias de modernización, haciendo uso de los trámites virtuales, ventanillas únicas de registro, entre otros, empezando a conocer las nuevas formas de realizar trámites de forma totalmente digital; de otro lado, a asumir un rol proactivo, aprovechando los espacios generados por el Estado para proponer estrategias y lineamientos de modernización en aras de facilitar la transformación digital del Estado.

En este último aspecto, se busca que se desarrollen nuevas estrategias para que con base en la tecnología se solucionen inconvenientes del Estado como el flujo de información, la lentitud en ciertos trámites, los excesivos formalismos, entre otros. Para ello será fundamental la exploración de los usos de la tecnología al interior del Estado y la aplicación de tecnologías maduras como la firma digital o las firmas electrónicas, biometría facial y tecnologías de avanzada como la inteligencia artificial (IA), marchine learnign, blockchain, dig data, entre otros.

¿La Política de Gobierno Digital generará verdaderas transformaciones en el Estado?

Debido a los antecedentes normativos y prácticos, donde se ha observado lentitud en la modernización del Estado, existen muchos escépticos acerca de la efectividad de normas como la Política de Gobierno Digital. Al respecto, lo primero a tener en cuenta es que esta Política debe acompañarse de estrategias más básicas de modernización del país, pues no es posible concebir un Estado que implemente, por ejemplo, tecnología blockchain, cuando gran parte de los municipios ni siquiera cuenta con suministro de luz permanente ni posibilidad de acceso fácil y adecuado a la prestación de servicios básicos que deben ser proveídos por el Estado.

Así mismo, se requiere una inversión en la infraestructura tecnológica, además de estrategias efectivas de gestión del cambio, para que, de un lado, se cuente con la tecnología necesaria para desarrollar trámites de forma totalmente digital y, de otra, que tanto los ciudadanos como los funcionarios utilicen esa tecnología de forma adecuada.

La Política de Gobierno Digital debe estar enfocada en el ciudadano, y ser desarrollada por los distintos grupos de interés que conforman el colectivo social. Los aspectos esenciales, serán; 1) los datos como insumo fundamental en la toma de decisiones; la gestión de datos será considerada un activo estratégico para la creación de valor público. 2) digital por diseño, esto es la incorporación de las TIC enfocadas a satisafacer necesidades puntuales de la ciudadanía. 3) estrategia de gobernanza sólida que involucre a todos los actores: empresas, acedemia y gobierno. 4) una politica digital coherente, coordinada, sostenible y que se convierta en una realidad.