Con la expedición del Decreto 806 de 2020 y la aplicación de medios electrónicos en los procesos judiciales, se suscitaron varias dudas prácticas respecto de la forma en que se debían realizar algunas actuaciones, tales como audiencias, inspecciones judiciales, consulta de expedientes, oficios y despachos comisorios, entre otros.

Dentro de las inquietudes está la presentación de títulos valores en demandas ejecutivas, entendiendo que las demandas solamente se pueden presentar de forma virtual. Así, existiría una contraposición: por un lado, la normativa exige que los títulos valores se presenten en formato original físico y, de otro, el Decreto 806 indica que las demandas se deben radicar de forma digital.

Antes de continuar, es pertinente realizar una aclaración. Existen títulos valores que se crean de forma física, se firman y posteriormente se digitalizan o escanean. También están los títulos valores que nacen a la vida jurídica en un contexto digital (como un documento electrónico) y se suscriben mediante una firma digital o electrónica.

Respecto al último caso, es decir, los títulos valores electrónicos, no hay mayor debate en torno a la posibilidad de aportarlos en formato digital, dado que, justamente, su validez está dada en el entorno digital y es en dicho medio donde se pueden verificar aspectos como la fecha y la validez de la firma. En cambio, en el caso de los títulos valores físicos que se presentan de forma escaneada se plantea la dualidad que desarrollamos en esta columna.

Para analizar esta disyuntiva, es pertinente recalcar que el Decreto 806 de 2020 no deroga total o parcialmente el Código General del Proceso. Por el contrario, las dos normas se deben interpretar de forma conjunta y armónica. Así las cosas, el Código General del Proceso trae al menos dos disposiciones al respecto que son la presunción general de autenticidad de todo documento y el valor probatorio otorgado a los mensajes de datos, en concordancia con lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Frente a estas disposiciones del Código General del Proceso, es pertinente resaltar que la exigencia de los títulos valores en formato original obedece al menos a dos razones principales: El hecho de que el documento tiene un derecho incorporado, lo cual lo convierte en un bien mueble que no se puede duplicar y, así mismo, que se genera inseguridad jurídica al tener fotocopias de un mismo título circulando, ya que se puede prestar para cobrar varias veces la misma suma de dinero.

Al respecto, la justicia ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse El Dr. Marco Antonio Álvarez, del Tribunal Superior de Bogotá, indicó que era válido presentar un título valor digitalizado junto con la demanda, frente a lo cual el juez de conocimiento debía librar mandamiento de pago, “bajo el entendido de que es el original el que soporta la pretensión ejecutiva, solo que su conservación le corresponde al ejecutante, y no al juzgado, como solía suceder”.

La providencia del Tribunal Superior se regula con la tendencia de “desformalización” de la justicia, especialmente en lo que concierne a los documentos. Mientras que antes se requería, casi de forma obligatoria, la presentación de los documentos originales e incluso la presentación personal en notaría (como los poderes especiales), poco a poco se han ido flexibilizando estos requisitos, no solo otorgando un mayor valor probatorio a las copias, sino creando una presunción general de autenticidad que incluso cobija a los mensajes de datos impresos y que ahora también incluye a los títulos valores escaneados.

Sin embargo, esto no significa que la posición del Tribunal haya finalizado el debate en torno a la temática planteada. Es pertinente recalcar que los argumentos señalados en dicha providencia se fundamentan principalmente en el Código General del Proceso, lo cual induce a pensar que aun antes de la pandemia se podían presentar títulos valores base de una acción ejecutiva como mensaje de datos, cuando la realidad procesal en la gran mayoría de los casos era totalmente opuesta, pues siempre se ha requerido del título en formato original.

En este sentido, el debate planteado sin duda seguirá teniendo desarrollo doctrinal y jurisprudencial con diversas posturas al respecto, entendiendo la naturaleza única de los títulos valores, que lo diferencian de los demás títulos ejecutivos: En efecto, se encuentra que, por ejemplo, en la sentencia T-585 de 2004 (anterior al Código General del Proceso), la Corte Constitucional avaló la presentación de una demanda ejecutiva con base en una copia de la póliza de seguros, pero, al mismo tiempo, resaltó que este criterio jurídico no podía ser trasladado a un cheque, dado que se trata de títulos ejecutivos cuya naturaleza es distinta.

Teniendo en cuenta estas posturas, frente a la decisión del Tribunal Superior se puede expresar que si bien el razonamiento procesal es correcto, también es cierto que se deben aplicar las normas especiales sobre títulos valores, las cuales no han sido derogadas ni modificadas con la expedición del Código General del Proceso ni con el Decreto 806. En otras palabras, la presunción de autenticidad y las consideraciones procesales expresadas en dicha providencia son aplicables de forma general, pero los títulos valores tienen un régimen excepcional, al cual no pueden aplicarse las mismas reglas generales, so pena de ir en contravía de las características propias de los títulos valores.

En conclusión, es importante separar dos escenarios: el primer escenario es el excepcional, causado por la pandemia, el cual, por su singularidad, requiere de medidas excepcionales. Ante este panorama y la manifiesta imposibilidad de allegar el documento original, es de recibo que se permita la radicación de títulos valores digitalizados, siendo aconsejable que el juez ordene al demandante afirmar bajo gravedad de juramento que tiene el título valor en su poder y que no ha iniciado otra acción ejecutiva con base en el mismo y que, igualmente, lo prevenga para señalar que en cualquier momento el título valor debe ser exhibido.

Empero, una vez superada la pandemia, el escenario debe volver a ser el de la normalidad, caso en el cual se debe continuar con la exigencia de presentar los títulos valores en original, pues, de lo contrario, se estaría desconociendo la naturaleza singular y especial de los títulos valores, sin que sea dable afirmar que la legitimación cambiaria se cumple con la presentación de una copia en mensaje de datos del título valor. De ser así, cualquiera que tuviera el archivo digital contentivo del título valor podría considerarse como legitimado para ejercer la acción cambiaria, restando toda seguridad a los títulos valores.

Por último, es pertinente subrayar que esta época de pandemia ha servido para resaltar la necesidad de implementar medios virtuales para ciertas actuaciones, incluyendo los títulos valores. En ese orden de ideas, aquellos acreedores que tienen títulos valores electrónicos, suscritos con firma digital, no tendrán ningún impase al iniciar su proceso ejecutivo, aun después de la pandemia, pues cumplirán con el equivalente funcional de originalidad señalado en la Ley 527 de 1999 y podrán demostrar su legitimación cambiaria.

Por: Héctor José García Santiago. Director Académico Observatorio de Gobierno y TIC Universidad Javeriana. Presidente Camerfirma Colombia.